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A lo largo de estos años se ha denunciado repetidamente el deterioro del sistema científico español, un proceso que se inició con la crisis de la pasada década y que ha provocado que la financiación en I+D+i haya retrocedido a los niveles de hace quince años en nuestro país. En paralelo, se viene produciendo desde esas fechas un “maquillaje” de los presupuestos públicos a través del aumento progresivo de los fondos destinados a créditos a los que no pueden optar los científicos. Esta medida, que ha sido criticada no solo por los científicos españoles sino también por el Fondo Monetario Internacional y la propia Unión Europea, ha inflado artificialmente el dinero público que se propone destinar a investigación y que, además, no se acostumbra a ejecutar por lo que se tiene que devolver en un alto porcentaje al Ministerio de Hacienda año tras año. Debido a ello, actualmente solo se usa un 30% de todo el presupuesto dedicado a investigación y desarrollo. En términos cuantitativos, el presupuesto español actual para I+D+i está muy alejado del de los países de nuestro entorno y de los objetivos que la Unión Europea ha fijado en su Estrategia de Lisboa para 2020.

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